Análisis de la iniciativa de proyecto de decreto de reforma al Artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia penal.

Resumen

Se analizaron las posibles reformas recientes a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CM), enfocándose en la prisión preventiva oficiosa y sus implicaciones. Se examinó la terminología de las reformas al artículo 19 de la CPEUM, con el fin de comprender su impacto en ilícitos como fraude fiscal, contrabando y la expedición de comprobantes fiscales. El propósito fue examinar la propuesta de modificación al artículo 19 de la CM, presentada el 5 de febrero de 2024, con el fin de comprender las razones que llevaron a la incorporación de nuevos delitos en la prisión preventiva automática y su repercusión en el ámbito legal. Este análisis se apoya en una revisión detallada de la propuesta legislativa, además de los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y observaciones de la ONU, comparando los impactos que su aprobación tendría en el marco legal mexicano. El análisis muestra que la inclusión de delitos fiscales en la privación de la libertad preventiva de oficio genera debate, con argumentos a favor de reforzar la lucha contra el crimen organizado, pero también preocupaciones sobre derechos humanos y posibles abusos. Además de sus implicaciones legales, esta reforma tiene un impacto directo en la enseñanza de las carreras de contaduría, administración y logística a nivel universitario. En contaduría, el fortalecimiento de las disposiciones legales sobre delitos fiscales exige que los futuros profesionales estén más preparados en temas de auditoría fiscal, cumplimiento normativo y prevención de fraudes. Para los estudiantes de administración, la reforma subraya la importancia de la gestión del riesgo y la toma de decisiones informadas en entornos legales complejos, mientras que en logística se acentúa la necesidad de un conocimiento profundo sobre el cumplimiento aduanero y la normativa fiscal, ya que el contrabando y la importación de bienes podrían verse directamente afectados por esta modificación constitucional. Esta preparación integral permitirá a los profesionales desempeñarse con mayor competencia en un marco regulatorio más estricto y dinámico. Si bien la reforma busca fortalecer la persecución de delitos fiscales, su viabilidad es cuestionable debido a los riesgos para los derechos fundamentales. La propuesta requiere una evaluación cuidadosa para equilibrar seguridad y justicia.